El sábado 7 de junio de 2025 quedará marcado en la historia política colombiana como el día en que la violencia regresó de manera brutal a la arena electoral. A las 3:47 de la tarde, en medio de un acto público en la localidad de Fontibón, en Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026, fue víctima de un atentado que lo dejó en estado crítico y que ha sacudido los cimientos de la campaña electoral que apenas comenzaba a tomar forma.
El ataque, perpetrado por un sicario menor de edad que logró infiltrarse entre los asistentes al evento, consistió en ocho disparos dirigidos directamente contra el político conservador, de los cuales dos impactaron en zonas vitales: el cuello y la cabeza. Las imágenes del momento, captadas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles de los asistentes, muestran el caos que se desató inmediatamente después de los disparos, con personas corriendo en todas las direcciones mientras Uribe Turbay caía al suelo gravemente herido.
La crónica de un atentado anunciado
Miguel Uribe Turbay, había llegado a Fontibón como parte de su gira por diferentes localidades de Bogotá, en lo que constituía una de sus primeras actividades públicas masivas como precandidato presidencial. El evento, organizado en una plaza pública del sector, había convocado a cerca de 200 personas, entre simpatizantes del Centro Democrático, curiosos y medios de comunicación locales.
Según testimonios de personas presentes en el lugar, el ambiente era festivo y relajado. Uribe Turbay había comenzado su discurso apenas unos minutos antes, hablando sobre sus propuestas de seguridad y desarrollo económico, cuando un joven de aproximadamente 17 años se acercó desde la parte posterior del público. Los testigos describen que el agresor caminó con determinación hacia el estrado improvisado donde se encontraba el senador, sin que nadie sospechara de sus intenciones.
“Todo pasó muy rápido”, relata María Elena Rodríguez, una comerciante de la zona que asistió al evento. “El muchacho se veía normal, como cualquier otro joven del barrio. Nadie pensó que pudiera pasar algo así. Cuando empezaron los disparos, al principio pensamos que eran pólvora o algo así, pero cuando vimos caer al doctor Uribe, nos dimos cuenta de la gravedad”.
El agresor, identificado posteriormente por las autoridades como un menor de edad vinculado a estructuras criminales de la capital, utilizó un arma de fuego de corto alcance. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el joven logró acercarse hasta una distancia de aproximadamente tres metros del candidato antes de abrir fuego. La secuencia de disparos duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para cambiar el rumbo de la campaña electoral colombiana.
Entre el caos y la solidaridad.
Los primeros auxilios fueron prestados por personal médico que se encontraba entre los asistentes, mientras se esperaba la llegada de las ambulancias. El doctor Carlos Mendoza, cardiólogo que presenció el atentado, fue uno de los primeros en atender a Uribe Turbay. “Cuando llegué hasta él, estaba consciente pero perdía mucha sangre. Las heridas en el cuello y la cabeza eran evidentemente graves. Hicimos lo que pudimos para estabilizarlo hasta que llegara la ayuda especializada”, declaró Mendoza a los medios de comunicación.
La ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá llegó al lugar aproximadamente ocho minutos después del atentado. Los paramédicos encontraron a Uribe Turbay en estado crítico pero estable, con signos vitales que permitían el traslado inmediato. La decisión fue llevarlo a la Clínica del Country, uno de los centros médicos más especializados de la capital, donde un equipo de neurocirujanos y especialistas en trauma ya estaba preparado para recibirlo.
El traslado se realizó con escolta policial y bajo estrictas medidas de seguridad, mientras las autoridades acordonaban la zona del atentado para preservar la escena del crimen. El agresor fue capturado inmediatamente por ciudadanos que se encontraban en el lugar y posteriormente entregado a la Policía Nacional. Su identidad no ha sido revelada debido a su condición de menor de edad, pero fuentes oficiales confirmaron que tiene antecedentes por delitos menores y vínculos con grupos criminales locales.
Entre la vida y la muerte.
En la Clínica del Country, un equipo multidisciplinario de especialistas, liderado por el neurocirujano Dr. Alejandro Vargas, se hizo cargo del caso. El primer parte médico, emitido a las 8:30 de la noche del sábado, describía el estado de Uribe Turbay como “crítico pero estable”, con heridas de bala en el cuello y la región temporal derecha de la cabeza.
“El paciente ingresó consciente, con heridas de arma de fuego en cuello y cabeza. Una de las balas se alojó en la región cervical, muy cerca de estructuras vasculares importantes, mientras que la otra causó un traumatismo craneoencefálico que requirió intervención quirúrgica inmediata”, explicó el Dr. Vargas en rueda de prensa.
La primera cirugía, que duró aproximadamente cuatro horas, se centró en extraer los proyectiles y controlar las hemorragias internas. Según el equipo médico, la bala alojada en el cuello fue la que generó mayor preocupación, debido a su proximidad con la arteria carótida y estructuras nerviosas vitales. La intervención en la cabeza, aunque compleja, no comprometió áreas cerebrales críticas para las funciones cognitivas básicas.
El domingo por la mañana, un nuevo parte médico informaba que Uribe Turbay había superado la primera noche crítica, pero permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos, sedado y con ventilación mecánica asistida. “Las próximas 72 horas serán determinantes para evaluar la evolución del paciente y descartar complicaciones secundarias”, indicó el boletín médico oficial.
La investigación.
Paralelamente a la atención médica, la Fiscalía General de la Nación activó inmediatamente un grupo especializado de investigadores para esclarecer los hechos. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se trasladó personalmente al lugar de los hechos y posteriormente a la clínica donde se encuentra internado Uribe Turbay.
Las primeras declaraciones oficiales apuntaron hacia la participación de estructuras criminales organizadas. “La investigación preliminar indica que este no fue un acto aislado o producto de un desequilibrio mental. Estamos ante un atentado planificado, ejecutado por una red criminal que tiene como objetivo desestabilizar el proceso electoral”, declaró la fiscal Camargo en rueda de prensa.
El menor de edad capturado en el lugar de los hechos fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del sistema de responsabilidad penal adolescente. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación revelaron que el joven había sido reclutado por una estructura criminal dedicada al sicariato en Bogotá, y que habría recibido una suma considerable de dinero por ejecutar el atentado.
Los investigadores están analizando las comunicaciones del agresor en los días previos al atentado, así como los movimientos financieros y las posibles conexiones con otros miembros de la red criminal. Además, se está revisando el material de las cámaras de seguridad de la zona para identificar posibles cómplices o personas que pudieran haber facilitado el acceso del sicario al evento.
“Estamos siguiendo varias líneas de investigación que nos llevan a pensar que detrás de este atentado hay intereses que van más allá de lo puramente criminal. No descartamos motivaciones políticas o la participación de actores que buscan desestabilizar el proceso electoral”, añadió la fiscal Camargo.
Los fantasmas del pasado.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha despertado inmediatamente los recuerdos más dolorosos de la historia política colombiana, particularmente los magnicidios de candidatos presidenciales que marcaron las décadas de 1980 y 1990. La muerte de Luis Carlos Galán en 1989, Carlos Pizarro en 1990, y Bernardo Jaramillo Ossa ese mismo año, constituyen heridas aún abiertas en la memoria colectiva del país.
Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, durante un acto político, por sicarios al servicio del cartel de Medellín. Su muerte marcó un antes y un después en la política colombiana y demostró la capacidad de los grupos criminales para influir en los procesos electorales a través de la violencia.
Carlos Pizarro, candidato de la Alianza Democrática M-19, fue asesinado el 26 de abril de 1990 en un vuelo comercial, apenas dos meses antes de las elecciones presidenciales. Su muerte, junto con la de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, asesinado el 22 de marzo de 1990, configuró uno de los períodos más oscuros de la democracia colombiana.
El profesor de ciencia política de la Universidad Nacional, Dr. Eduardo Pizarro, hermano del candidato asesinado, estableció paralelos preocupantes entre aquellos hechos y el atentado actual. “Lo que estamos viendo hoy nos recuerda los métodos utilizados en los años 90 para intimidar y eliminar a candidatos presidenciales. La diferencia es que ahora tenemos instituciones más fuertes y un sistema de justicia más preparado para enfrentar estos desafíos”, declaró en entrevista con medios nacionales.
Sin embargo, otros analistas políticos advierten sobre las diferencias contextuales significativas. El conflicto armado interno ha disminuido considerablemente desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, pero han surgido nuevos actores criminales que operan con lógicas diferentes a las de los carteles de droga de décadas pasadas.
Las reacciones políticas.
La noticia del atentado generó una ola inmediata de reacciones desde todos los sectores políticos del país. El presidente Gustavo Petro fue uno de los primeros en pronunciarse, condenando enérgicamente el hecho y ordenando el refuerzo de las medidas de seguridad para todos los precandidatos presidenciales.
“Colombia no puede permitir que la violencia regrese a nuestros procesos electorales. He ordenado a las autoridades competentes que destinen todos los recursos necesarios para esclarecer este atentado y garantizar la seguridad de todos los candidatos, sin distinción de partido o ideología“, declaró el presidente Petro desde Casa de Nariño.
Sin embargo, la respuesta del gobierno no estuvo exenta de controversia. Varios líderes de la oposición, particularmente del Centro Democrático, cuestionaron la efectividad de las políticas de seguridad del actual gobierno y sugirieron que el clima de polarización política podría haber contribuido a crear las condiciones para este tipo de ataques.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, mentor político de Miguel Uribe Turbay y máximo líder del Centro Democrático, emitió un comunicado en el que, además de expresar su solidaridad con la familia del senador, hizo un llamado a la reflexión sobre el discurso político en el país. “La polarización extrema y los discursos de odio pueden crear ambientes propicios para la violencia. Todos los sectores políticos debemos hacer un examen de conciencia sobre nuestras responsabilidades“, señaló Uribe Vélez.
Por su parte, otros precandidatos presidenciales expresaron su solidaridad y preocupación por las garantías electorales. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata independiente, fue una de las primeras en cuestionar públicamente las condiciones de seguridad para continuar con las actividades de campaña.
“Este atentado nos obliga a preguntarnos si existen las garantías mínimas para ejercer la política en Colombia. No podemos normalizar la violencia como método de hacer oposición o de eliminar adversarios políticos“, declaró López en rueda de prensa.
El impacto en la campaña electoral.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ha tenido consecuencias inmediatas y profundas en el desarrollo de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2026. En las horas siguientes al ataque, varios precandidatos anunciaron la suspensión temporal de sus actividades públicas como medida de precaución y en solidaridad con el senador herido.
Mauricio Lizcano, exministro del gobierno Petro y precandidato presidencial por firmas, fue uno de los primeros en anunciar la suspensión de su agenda proselitista. “O nos unimos o nos jodemos”, declaró Lizcano en un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales, haciendo un llamado a la unidad nacional frente a la violencia política.
La decisión de Lizcano fue seguida por otros candidatos, generando una paralización temporal de facto de las actividades de campaña en todo el país. Esta situación ha planteado interrogantes sobre la capacidad del Estado colombiano para garantizar las condiciones mínimas de seguridad necesarias para el desarrollo de un proceso electoral libre y transparente.
El calendario electoral, que contempla las elecciones presidenciales para mayo de 2026, no se ha visto oficialmente afectado, pero las autoridades electorales han comenzado a evaluar la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad para todos los candidatos. La Registraduría Nacional del Estado Civil, en coordinación con el Ministerio del Interior, anunció la creación de un comité especial para revisar las medidas de protección.
Fortalecimiento de la seguridad electoral.
El gobierno nacional activó inmediatamente los protocolos de crisis y convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar las medidas necesarias para proteger el proceso electoral. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la convocatoria de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales para el lunes 10 de junio.
“Trabajaremos conjuntamente para garantizar la seguridad y protección de candidatas y candidatos para que puedan realizar sus actividades de campaña en todo el país”, informó Benedetti en comunicado oficial. La comisión incluirá representantes de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y otros organismos de seguridad.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la activación de un protocolo especial para la protección de precandidatos presidenciales, que incluye la evaluación individual del riesgo de cada aspirante y la asignación de esquemas de seguridad diferenciados según las amenazas identificadas.
“Hemos iniciado un proceso de evaluación de riesgo para todos los precandidatos presidenciales conocidos, independientemente de su filiación política o mecanismo de inscripción. La protección de la democracia y de quienes aspiran a representar al país es una prioridad absoluta del Estado”, declaró el director de la UNP, Augusto Rodríguez.
Las voces de la sociedad civil.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay también generó una respuesta inmediata de la sociedad civil organizada, que se manifestó a través de comunicados, concentraciones espontáneas y llamados a la paz. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Transparencia por Colombia y el Consejo Nacional de Paz emitieron declaraciones conjuntas condenando la violencia política.
“El respeto por la vida, la integridad y las ideas políticas es una condición necesaria para que exista una democracia real. No puede haber elecciones libres si quienes aspiran a representar al país lo hacen bajo amenazas o riesgo de muerte“, manifestó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.
Las universidades del país también se pronunciaron a través de sus rectores y centros de investigación política. La Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana y otras instituciones académicas emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el retorno de la violencia política y su compromiso con la defensa de la democracia.
“La academia colombiana rechaza categóricamente cualquier forma de violencia política y hace un llamado a todos los actores sociales y políticos para que privilegien el diálogo, el debate de ideas y el respeto por la diferencia como pilares fundamentales de la convivencia democrática“, señaló el comunicado académico.
Entre la información y la responsabilidad.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay también puso a prueba la capacidad de los medios de comunicación colombianos para manejar una crisis de esta magnitud de manera responsable y equilibrada. Las primeras horas posteriores al ataque estuvieron marcadas por la difusión de información fragmentaria y, en algunos casos, especulaciones que posteriormente resultaron infundadas.
Varios medios de comunicación implementaron protocolos especiales de verificación de información y establecieron equipos de trabajo dedicados exclusivamente a cubrir los desarrollos del caso. La responsabilidad de informar sin generar pánico o contribuir a la polarización se convirtió en un desafío central para el periodismo nacional.
El Consejo de Redacción, organización que agrupa a varios medios de comunicación del país, emitió un comunicado en el que se comprometió a mantener los más altos estándares de rigor periodístico en la cobertura del caso. “Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad especial en momentos como estos. Debemos informar con precisión, verificar nuestras fuentes y evitar contribuir a la polarización o al pánico”, declaró María Teresa Ronderos, directora del Consejo de Redacción.
Interpretación política: las lecciones de un atentado
El atentado contra Miguel Uribe Turbay trasciende el hecho criminal para convertirse en un momento de inflexión política que obliga a reflexionar sobre el estado de la democracia colombiana y los desafíos que enfrenta el país en su proceso de consolidación institucional.
Desde una perspectiva política, el ataque revela varias dimensiones preocupantes. En primer lugar, demuestra que, a pesar de los avances en materia de paz y reconciliación logrados en los últimos años, Colombia aún enfrenta amenazas significativas a la estabilidad de sus procesos democráticos. La persistencia de estructuras criminales capaces de atentar contra figuras políticas evidencia las limitaciones del Estado en el control territorial y en la desarticulación de redes delincuenciales.
En segundo lugar, el atentado pone de manifiesto la fragilidad de las garantías electorales en un país que se prepara para unas elecciones presidenciales que se perfilan como altamente competitivas y polarizadas. La suspensión temporal de actividades de campaña por parte de varios candidatos refleja la percepción generalizada de que las condiciones de seguridad no son las adecuadas para el desarrollo normal de la contienda electoral.
Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el atentado representa un desafío directo para el gobierno de Gustavo Petro, que debe demostrar su capacidad para garantizar la seguridad de todos los actores políticos, incluidos aquellos que representan la oposición más férrea a su administración. La respuesta del gobierno en términos de investigación, protección y garantías será determinante para evaluar su compromiso real con la democracia y el pluralismo político.
El impacto en la opinión pública también será significativo. Los colombianos, que habían comenzado a experimentar una relativa normalización de la vida política tras décadas de conflicto armado, se ven nuevamente confrontados con la realidad de la violencia política. Esta situación podría generar cambios en las preferencias electorales, favoreciendo a candidatos que prometan mano dura en materia de seguridad, o por el contrario, fortaleciendo a quienes aboguen por la paz y la reconciliación.
Finalmente, el atentado plantea interrogantes sobre la calidad de la democracia colombiana y su capacidad para procesar las diferencias políticas a través de mecanismos institucionales. La violencia como método de eliminación de adversarios políticos representa un retroceso hacia patrones que se creían superados y que amenazan con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
La respuesta que den todos los actores políticos, sociales e institucionales a este desafío será determinante para el futuro de la democracia colombiana. La capacidad de convertir esta crisis en una oportunidad para fortalecer las instituciones, mejorar las garantías electorales y reafirmar el compromiso con la paz y la convivencia será la verdadera medida del grado de madurez política alcanzado por el país.
En las próximas semanas, mientras Miguel Uribe Turbay lucha por su vida en una clínica de Bogotá, Colombia entera deberá luchar por preservar la vida de su democracia frente a quienes pretenden destruirla a través de la violencia y el terror.
Fuentes: El Tiempo, Declaraciones del Dr. Carlos Mendoza a medios de comunicación. Caracol Radio, 8 de junio de 2025, Boletín médico oficial. Clínica del Country, 9 de junio de 2025. Declaraciones y comunicados oficiales.
