La campaña electoral hacia las elecciones presidenciales de 2026 experimentó una paralización sin precedentes en las últimas 48 horas, luego de que múltiples precandidatos anunciaran la suspensión temporal de sus actividades públicas como respuesta al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Esta decisión colectiva, que abarca candidatos de diferentes espectros políticos, refleja una crisis de confianza en las garantías de seguridad electoral que amenaza con alterar fundamentalmente el desarrollo de la contienda política más importante del país.

La onda expansiva del ataque perpetrado el sábado 8 de junio contra el precandidato del Centro Democrático ha generado una reacción en cadena que va más allá de las expresiones de solidaridad habituales en estos casos. Por primera vez en la historia electoral reciente de Colombia, candidatos presidenciales de diferentes partidos y movimientos han tomado la decisión coordinada de suspender sus actividades, evidenciando la percepción generalizada de que las condiciones actuales no garantizan el ejercicio seguro de la actividad política.

Mauricio Lizcano: “O nos unimos o nos jodemos”.

El primero en anunciar la suspensión de sus actividades fue Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno Petro y actual precandidato presidencial por recolección de firmas. Su decisión, comunicada a través de un mensaje en redes sociales que rápidamente se viralizó, incluyó una frase que se ha convertido en el lema no oficial de la respuesta política al atentado: “O nos unimos o nos jodemos”.

Lizcano, quien había inscrito su comité “Firmes con Lizcano, Colombianismo” apenas una semana antes con el objetivo de recolectar tres millones de firmas, anunció la suspensión total de su agenda proselitista durante una semana completa. “Primero debe estar la vida del precandidato y la unión, en un llamado a la no violencia”, declaró el exfuncionario en un comunicado oficial emitido el lunes 9 de junio.

La decisión de Lizcano adquiere particular relevancia por su perfil político. Como exministro del actual gobierno, su candidatura representa una línea de continuidad moderada del proyecto político de Gustavo Petro, pero con un enfoque más centrado en la unidad nacional y menos polarizador. Su suspensión de actividades envía un mensaje claro sobre la gravedad de la situación de seguridad, especialmente viniendo de alguien que, en teoría, debería contar con mayores garantías por su cercanía al gobierno actual.

“No podemos permitir que la violencia se convierta nuevamente en el árbitro de nuestras diferencias políticas”, añadió Lizcano en declaraciones posteriores a medios de comunicación. “Mi suspensión de actividades no es solo un gesto de solidaridad con Miguel Uribe, sino un llamado urgente a todos los sectores para que reflexionemos sobre el rumbo que está tomando nuestra democracia“.

El equipo de campaña de Lizcano confirmó que todas las actividades programadas para la semana del 10 al 16 de junio fueron canceladas, incluyendo visitas a Medellín, Cali y Barranquilla que formaban parte de su gira nacional de presentación. Esta decisión implica no solo un costo político en términos de visibilidad y posicionamiento, sino también económico, considerando los recursos ya invertidos en logística y organización de eventos.

Claudia López: cuestionando las garantías del Estado

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial independiente Claudia López fue otra de las figuras políticas que tomó decisiones drásticas en respuesta al atentado. López, quien había inscrito su movimiento “Con Claudia Imparables” con la meta de recolectar 1.5 millones de firmas, anunció la suspensión indefinida de su gira política por falta de garantías de seguridad.

“Le pregunto al gobierno si hay garantías suficientes para continuar con nuestras actividades de campaña”, declaró López en una rueda de prensa realizada el domingo 9 de junio en Bogotá. “No podemos exponer a nuestros simpatizantes, a nuestros equipos de trabajo y a nosotros mismos a riesgos innecesarios cuando es evidente que el Estado no está en capacidad de proteger a quienes ejercemos la actividad política“.

La decisión de López es particularmente significativa porque su campaña se había caracterizado por un enfoque de cercanía ciudadana, con eventos en espacios públicos y una estrategia de movilización territorial que requiere presencia constante en diferentes regiones del país. La suspensión de estas actividades representa un cambio fundamental en su estrategia de posicionamiento y una pérdida de momentum en un momento crucial de su campaña.

López, quien llegó en bicicleta a inscribir su candidatura en la Registraduría Nacional como símbolo de cercanía y sostenibilidad, ahora se ve obligada a replantear completamente su estrategia de comunicación con los electores. “Habíamos planeado una campaña de territorio, de contacto directo con la gente, pero las circunstancias actuales nos obligan a buscar alternativas que no pongan en riesgo la integridad de nadie“, explicó en declaraciones posteriores.

El equipo de López confirmó que están evaluando la posibilidad de migrar temporalmente hacia una campaña digital y de medios, aunque reconocen que esto limita significativamente su capacidad de conectar con sectores populares que constituyen parte importante de su base electoral potencial.

La reacción en cadena.

La decisión de Lizcano y López generó una reacción en cadena que se extendió a otros precandidatos y aspirantes presidenciales. Aunque no todos anunciaron suspensiones totales de actividades, la mayoría implementó medidas de precaución extraordinarias que han alterado significativamente el ritmo de la campaña electoral.

Juan Daniel Oviedo, exconcejal de Bogotá y precandidato por recolección de firmas, anunció la suspensión de todos sus eventos públicos masivos hasta nueva orden. “Hemos tomado la decisión responsable de suspender temporalmente nuestros eventos públicos mientras se esclarecen los hechos y se fortalecen las medidas de seguridad”, declaró Oviedo a través de su equipo de comunicaciones.

Oviedo, quien había inscrito su comité “Con toda por Colombia” apenas días antes del atentado, tenía programada una serie de eventos en universidades y centros comerciales de Bogotá como parte de su estrategia de posicionamiento entre jóvenes y sectores urbanos. La suspensión de estas actividades representa un golpe significativo a su estrategia de construcción de reconocimiento, considerando que es uno de los candidatos menos conocidos en el panorama nacional.

Por su parte, David Luna, exsenador y precandidato por firmas, implementó un protocolo de seguridad reforzado para todos sus eventos, aunque decidió no suspender completamente sus actividades. “No podemos permitir que la violencia nos paralice, pero tampoco podemos ser irresponsables con la seguridad de quienes nos acompañan”, declaró Luna en un comunicado.

La decisión de Luna de mantener sus actividades, aunque con restricciones, refleja una estrategia política diferente que busca proyectar una imagen de firmeza y continuidad frente a la adversidad. Sin embargo, su equipo confirmó que todos los eventos programados para la semana siguiente fueron trasladados a espacios cerrados y con acceso controlado.

El impacto en candidatos de partidos tradicionales

La crisis de seguridad también ha afectado a precandidatos de partidos tradicionales que aún no han oficializado sus aspiraciones pero que mantienen actividades políticas regulares. Varios de estos aspirantes han optado por reducir significativamente su exposición pública mientras evalúan las condiciones de seguridad.

En el Centro Democrático, partido al que pertenece Miguel Uribe Turbay, la conmoción ha sido particularmente intensa. Los otros precandidatos del partido, incluyendo a María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga, suspendieron inmediatamente todas sus actividades públicas como medida de precaución y solidaridad con su compañero de partido.

“El Centro Democrático está de luto y en reflexión profunda sobre lo ocurrido. Nuestros precandidatos han suspendido todas las actividades hasta que tengamos claridad sobre las condiciones de seguridad“, declaró el presidente del partido, Álvaro Uribe Vélez, en un comunicado oficial.

Esta suspensión colectiva del Centro Democrático es particularmente significativa porque el partido se encontraba en proceso de definir su mecanismo de selección de candidato presidencial. Las consultas internas y los eventos de precampaña que estaban programados para las próximas semanas han sido indefinidamente aplazados, lo que podría retrasar la definición de su candidatura oficial.

En Cambio Radical, donde se especula sobre una posible candidatura de Germán Vargas Lleras, las actividades políticas también se han visto afectadas. Aunque Vargas Lleras no ha oficializado su aspiración presidencial, había intensificado sus apariciones públicas en las últimas semanas. Su agenda de la próxima semana fue completamente cancelada como medida de precaución.

La respuesta del gobierno.

El gobierno de Gustavo Petro se ha visto sometido a una presión política extraordinaria para demostrar su capacidad de garantizar las condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo del proceso electoral. La suspensión masiva de actividades de campaña por parte de precandidatos de diferentes sectores políticos constituye, de facto, un voto de no confianza en las garantías de seguridad ofrecidas por el Estado.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, convocó para el lunes 9 de junio una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. “Trabajaremos conjuntamente para garantizar la seguridad y protección de candidatas y candidatos para que puedan realizar sus actividades de campaña en todo el país”, declaró Benedetti en un comunicado.

La reunión, que incluye representantes de los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, así como de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, tiene como objetivo diseñar un protocolo integral de seguridad electoral que permita la reanudación normal de las actividades de campaña.

Sin embargo, la respuesta del gobierno también ha estado marcada por la tensión política. Algunos sectores de la oposición han aprovechado la crisis para cuestionar las políticas de seguridad de la administración Petro y su capacidad para garantizar la gobernabilidad del país.

“Este atentado es el resultado de la debilidad del Estado en materia de seguridad y del clima de polarización que ha caracterizado este gobierno”, declaró el senador del Centro Democrático, Paloma Valencia, en una entrevista radial. “El gobierno debe asumir su responsabilidad en la creación de las condiciones que han permitido que la violencia regrese a la política colombiana“.

Por su parte, el gobierno ha rechazado estas acusaciones y ha insistido en que el atentado es responsabilidad exclusiva de estructuras criminales que buscan desestabilizar la democracia. “No vamos a permitir que se politice este atentado o que se use para atacar al gobierno. Nuestra responsabilidad es investigar, capturar a los responsables y garantizar que esto no vuelva a ocurrir“, declaró el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El papel de la Unidad Nacional de Protección

La Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha convertido en el centro de atención de la crisis de seguridad electoral. La entidad, encargada de brindar protección a personas en riesgo por su actividad política, social o de defensa de derechos humanos, enfrenta ahora el desafío de diseñar esquemas de seguridad para un número creciente de precandidatos presidenciales.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, anunció la activación de un protocolo especial para la protección de aspirantes presidenciales que incluye evaluaciones individuales de riesgo y la asignación de esquemas de seguridad diferenciados. “Hemos iniciado un proceso de evaluación de riesgo para todos los precandidatos presidenciales conocidos, independientemente de su filiación política o mecanismo de inscripción”, declaró Rodríguez.

Sin embargo, la capacidad operativa de la UNP para atender simultáneamente a decenas de precandidatos ha sido cuestionada por expertos en seguridad. La entidad cuenta con recursos limitados y debe priorizar la protección según el nivel de riesgo identificado para cada persona.

“La UNP no tiene la capacidad para brindar esquemas de seguridad robustos a todos los precandidatos presidenciales. Esto significa que algunos tendrán que asumir riesgos mayores o limitar significativamente sus actividades públicas”, explicó el analista en seguridad, coronel (r) Luis Alberto Villamarín.

Esta limitación operativa ha llevado a varios precandidatos a contratar servicios privados de seguridad, lo que genera inequidades en las condiciones de competencia electoral. Los candidatos con mayores recursos económicos pueden acceder a mejores esquemas de protección, mientras que aquellos con presupuestos limitados se ven obligados a asumir riesgos mayores o a reducir sus actividades.

Las consecuencias electorales de la paralización

La suspensión masiva de actividades de campaña tiene consecuencias políticas y electorales que van más allá del impacto inmediato en la seguridad de los candidatos. Esta paralización altera fundamentalmente la dinámica de la competencia electoral y puede favorecer a algunos aspirantes sobre otros.

Los candidatos que ya cuentan con mayor reconocimiento público, como aquellos que han ocupado cargos de alta visibilidad o que tienen acceso privilegiado a medios de comunicación, se ven menos afectados por la suspensión de actividades presenciales. Por el contrario, los aspirantes menos conocidos, que dependen de la construcción de reconocimiento a través de eventos públicos y contacto directo con electores, enfrentan un obstáculo significativo para su posicionamiento.

“Esta crisis beneficia a los candidatos que ya tienen nombre propio y perjudica a quienes necesitan construir reconocimiento”, analiza la politóloga de la Universidad de los Andes, Yann Basset. “La suspensión de actividades presenciales favorece a quienes pueden mantener su presencia a través de medios de comunicación y redes sociales”.

Además, la paralización de actividades afecta de manera diferencial los procesos de recolección de firmas. Los candidatos que optan por esta vía para inscribir su candidatura dependen del contacto directo con ciudadanos para obtener los apoyos necesarios. La suspensión de eventos públicos limita significativamente su capacidad de recolección y puede comprometer su participación en las elecciones.

El plazo para la entrega de firmas vence el 17 de noviembre de 2025, lo que significa que los candidatos por esta vía tienen aproximadamente cinco meses para recolectar las 630.000 firmas válidas requeridas. La pérdida de varias semanas de actividad presencial en esta etapa inicial puede ser determinante para el éxito o fracaso de estas candidaturas.

La respuesta de la sociedad civil y los medios

La crisis de seguridad electoral también ha generado una respuesta significativa de la sociedad civil organizada y los medios de comunicación. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), Transparencia por Colombia y el Consejo Nacional de Paz han emitido comunicados conjuntos exigiendo garantías para el desarrollo normal del proceso electoral.

“La suspensión de actividades de campaña por parte de múltiples candidatos es una señal de alarma que no podemos ignorar”, declaró Alejandra Barrios, directora de la MOE. “El Estado colombiano debe demostrar que tiene la capacidad y la voluntad de proteger a todos los actores políticos, sin distinción de ideología o partido”.

Los medios de comunicación han implementado protocolos especiales de cobertura que incluyen verificación rigurosa de información y evitar la especulación que pueda contribuir a la polarización. Sin embargo, la suspensión de actividades de campaña ha reducido significativamente el material informativo disponible sobre el proceso electoral, lo que ha llevado a algunos medios a enfocar su cobertura en análisis y contexto histórico.

“Estamos viviendo un momento de inflexión en la democracia colombiana”, editorializa el diario El Tiempo. “La respuesta que demos como sociedad a esta crisis determinará si somos capaces de superar nuestros demonios del pasado o si estamos condenados a repetir los errores que tanto dolor nos han causado”.

Perspectivas de reanudación: condiciones y plazos

A medida que avanza la semana, la presión para definir las condiciones de reanudación de las actividades de campaña se intensifica. Los equipos de los diferentes precandidatos mantienen contacto permanente con las autoridades de seguridad para evaluar cuándo y cómo pueden retomar sus actividades públicas.

Mauricio Lizcano, quien fue el primero en anunciar la suspensión, ha indicado que evaluará la situación al final de la semana para decidir sobre la reanudación de sus actividades. “Esperamos que las autoridades nos den señales claras sobre las medidas de seguridad que se van a implementar y sobre los avances en la investigación del atentado”, declaró su director de campaña, Carlos Ramírez.

Por su parte, Claudia López ha sido más categórica en sus condiciones para la reanudación. Su equipo ha solicitado formalmente a la UNP una evaluación de riesgo y la asignación de un esquema de seguridad antes de retomar cualquier actividad pública. “No vamos a exponer a Claudia ni a nuestro equipo sin tener garantías mínimas de seguridad”, declaró su jefe de campaña, Andrés Forero.

La Registraduría Nacional, por su parte, ha mantenido su cronograma de inscripciones de candidaturas por firmas, argumentando que la suspensión de actividades de campaña no debe afectar los procesos administrativos electorales. Sin embargo, ha implementado medidas de seguridad adicionales en sus instalaciones y ha coordinado con la Policía Nacional el refuerzo de la vigilancia en sus sedes.

La democracia en crisis.

La suspensión masiva de actividades de campaña tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay representa mucho más que una respuesta coyuntural a un hecho de violencia. Constituye una manifestación de la fragilidad de las instituciones democráticas colombianas y de la persistencia de patrones de violencia política que se creían superados.

Desde una perspectiva política, esta crisis revela varias dimensiones preocupantes del estado de la democracia en Colombia. En primer lugar, evidencia que el país no ha logrado consolidar completamente las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la actividad política. A pesar de los avances institucionales de las últimas décadas y de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, persisten actores y estructuras capaces de amenazar la integridad de los procesos democráticos.

La decisión coordinada de múltiples candidatos de suspender sus actividades refleja una percepción generalizada de vulnerabilidad que trasciende las diferencias ideológicas y partidistas. Esta convergencia en la evaluación del riesgo sugiere que las amenazas a la seguridad electoral no son percibidas como dirigidas contra un sector político específico, sino como un peligro para el conjunto del sistema democrático.

Desde el punto de vista de la competencia electoral, la crisis introduce elementos de inequidad que pueden alterar significativamente los resultados del proceso. Los candidatos con mayores recursos, mejor acceso a medios de comunicación o esquemas de seguridad más robustos se ven favorecidos frente a aquellos que dependen del contacto directo con electores para construir su propuesta política.

La respuesta del gobierno de Gustavo Petro a esta crisis será determinante para evaluar su compromiso con la democracia y su capacidad de liderazgo en momentos de adversidad. La administración enfrenta el desafío de demostrar que puede garantizar condiciones equitativas de competencia para todos los candidatos, incluidos aquellos que representan la oposición más férrea a su proyecto político.

La crisis también pone a prueba la madurez de la clase política colombiana y su capacidad para anteponer los intereses democráticos a los cálculos electorales de corto plazo. La respuesta solidaria inicial de candidatos de diferentes sectores es un signo positivo, pero será necesario evaluar si esta unidad se mantiene a medida que se acerquen las fechas electorales y se intensifique la competencia.

Finalmente, la suspensión de actividades de campaña plantea interrogantes sobre la relación entre seguridad y democracia en Colombia. El país debe encontrar un equilibrio entre la protección de los actores políticos y la preservación de las condiciones de competencia abierta y libre que caracterizan a los sistemas democráticos. La tentación de restringir excesivamente las actividades políticas en nombre de la seguridad puede terminar erosionando la calidad de la democracia tanto como la violencia que pretende combatir.

En las próximas semanas, Colombia enfrentará la prueba de fuego de demostrar si ha aprendido las lecciones de su pasado violento o si está condenada a repetir los errores que tanto dolor le han causado. La capacidad de superar esta crisis fortaleciendo las instituciones democráticas será la verdadera medida del progreso político alcanzado por el país en las últimas décadas.

Fuentes: Comunicados y declaraciones oficiales.