Una controversia ha surgido en Colombia en torno al presupuesto asignado a las entidades electorales, generando preocupación sobre la capacidad operativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones atípicas de 2025 y las cruciales elecciones presidenciales y legislativas de 2026. El CNE manifestó públicamente su inquietud por un recorte presupuestal superior al 56%, que, según la entidad, afectaría gravemente su funcionamiento y la supervisión de los comicios. Esta situación encendió las alarmas de organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), que solicitó claridad al CNE y al Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró a través de sus redes sociales que “el presupuesto de las elecciones está en la Registraduría y no fue aplazado”, y que tampoco hubo aplazamientos en la financiación de los partidos. La directora de la MOE, Alejandra Barrios, precisó que los presupuestos logísticos para las elecciones de 2026 recaen principalmente en la Registraduría y que, según el Gobierno, estos están garantizados, sugiriendo que los recortes podrían deberse a la eliminación de duplicidades presupuestarias. La relevancia política de este debate es fundamental, ya que la autonomía y capacidad financiera de los órganos electorales son pilares de la transparencia y legitimidad de cualquier proceso democrático. Cualquier percepción de debilidad institucional o falta de recursos podría minar la confianza ciudadana en los resultados electorales y abrir la puerta a cuestionamientos sobre la equidad de la contienda. Es crucial que se garantice la plena operatividad del CNE para que pueda ejercer su rol de vigilancia y control de manera efectiva, asegurando la integridad del proceso electoral en un periodo tan significativo para el país.