En un giro político que ha capturado la atención de Colombia, la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular para aprobar la reforma laboral, previamente hundida en el Senado, se perfila como una jugada astuta en el tramo final de su gobierno. Esta iniciativa no solo ha logrado mejorar la imagen presidencial, según recientes encuestas que muestran un aumento en su favorabilidad y un sólido apoyo ciudadano a la consulta (57% a favor de convocarla y más del 75% dispuesto a votar afirmativamente las preguntas), sino que también ha reconfigurado el debate político.
La consulta, centrada en derechos laborales como la jornada de trabajo, el pago de recargos dominicales y festivos, y la formalización, ha devuelto oxígeno político al mandatario en un momento en que otras de sus grandes apuestas, como la reforma a la salud o la paz total, enfrentaban mayores dificultades y escepticismo. Aunque la estrategia ha sido criticada por su oportunidad —a un año de las elecciones presidenciales— y por la retórica confrontacional del presidente hacia el Legislativo, ha logrado poner a la oposición en una posición incómoda, debatiendo el costo del mecanismo de participación en lugar del contenido de las reformas, y arriesgándose a ser vista como un obstáculo al cambio que una mayoría ciudadana parece respaldar. La relevancia política de esta consulta radica en su potencial para eludir el bloqueo legislativo, reconectar al gobierno con una base popular sensible a las mejoras laborales y marcar la agenda de cara al próximo ciclo electoral, demostrando ser una herramienta más efectiva para Petro que intentos previos de movilización popular o la propuesta de una constituyente.
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